El Gobierno nacional se apresta a implementar un nuevo sistema de control financiero en las universidades argentinas. A través de un inminente decreto, se busca centralizar las compras y contrataciones de las instituciones de educación superior, obligándolas a utilizar plataformas estatales y a adoptar nuevos sistemas de registro contable.
Esta medida, impulsada por los equipos técnicos de los ministerios de Educación y de Desregulación y Transformación del Estado, tiene como objetivo principal garantizar una mayor transparencia y eficiencia en el manejo de los fondos públicos destinados a las universidades.
La Universidad de Buenos Aires (UBA) ha expresado su rechazo a estas medidas, argumentando que atentan contra su autonomía y podrían generar dificultades en su gestión diaria. La institución ha anunciado que evaluará la posibilidad de recurrir a la justicia para defender sus derechos.
Por su parte, el Gobierno sostiene que estas reformas son necesarias para garantizar un uso más eficiente y transparente de los fondos públicos y que todas las instituciones deben cumplir con los mismos estándares de control.
Este nuevo decreto ha generado un intenso debate en el ámbito académico y político. Mientras el Gobierno defiende la necesidad de fortalecer los controles, las universidades temen una pérdida de autonomía y una excesiva burocratización de sus procesos.
En los próximos días se conocerán más detalles sobre esta medida y se espera que se intensifique el debate sobre su impacto en el sistema universitario argentino.
