Por medio del decreto 1096, el Gobierno modificó el régimen de contratación en la Administración Nacional, un cambio que también afecta a las universidades públicas del país. El objetivo de esta medida es garantizar un “control efectivo de los recursos” del Estado y asegurar “la transparencia” en los procedimientos de contratación.
Una de las modificaciones más significativas es la eliminación de la posibilidad de que las entidades del Estado celebren contrataciones directas con las universidades nacionales. Este cambio se implementó tras la orden del Gobierno de que las altas casas de estudio informen sobre sus gastos, contrataciones y contabilidad a través de plataformas como COMPR.AR, CONTRAT.AR y e-SIDIF.
El nuevo decreto derogó los artículos 23, 23 bis y 24 del reglamento anterior, los cuales regulaban las bases de la adjudicación simple con universidades nacionales y organizaciones de la economía social. En su lugar, se introdujeron dos nuevas modalidades de contratación directa: la compulsa abreviada, utilizada en situaciones de urgencia y con varios oferentes, y la adjudicación simple, reservada para casos con un único proveedor disponible. Además, se establecieron plazos más estrictos y medios oficiales para garantizar la publicidad de los procedimientos.
Este cambio es parte de una serie de medidas adoptadas por el Gobierno para mejorar la eficiencia en el manejo de los recursos públicos, promoviendo la transparencia y el control en las contrataciones del Estado.
