Andrés Edgardo Vázquez, jefe de la Dirección General Impositiva (DGI), enfrenta una denuncia por presunto enriquecimiento ilícito y omisión maliciosa en su declaración jurada patrimonial. La acusación fue presentada por los diputados de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro, Juan Manuel López y Mónica Frade, quienes solicitaron una investigación a cargo del fiscal federal Carlos Rívolo. Además, la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), liderada por Sergio Rodríguez, ya inició actuaciones de oficio.
El caso cobró relevancia tras una investigación de La Nación, el CLIP y el ICIJ, que reveló que Vázquez adquirió tres propiedades en Miami, valoradas en más de 2 millones de dólares, mediante sociedades offshore. Estas operaciones no figuran en sus declaraciones juradas presentadas ante la Oficina Anticorrupción (OA), a pesar de ser una obligación bajo la Ley de Ética Pública.
Según el periodista Hugo Alconada Mon, el funcionario utilizó un entramado de tres sociedades en paraísos fiscales para estas adquisiciones, lo que plantea una grave contradicción para quien lidera la lucha contra la evasión fiscal. En su última declaración jurada, Vázquez reportó diez inmuebles en Argentina, pero omitió mencionar las propiedades en Miami y las sociedades offshore involucradas. El caso abre un debate sobre la transparencia en el manejo del patrimonio público.
