El Gobierno nacional avanza en una estrategia judicial para frenar el cobro excesivo de tasas municipales, especialmente en el conurbano bonaerense. La polémica se desató por la “Tasa Vial”, un tributo que algunos municipios aplican sobre el precio final del litro de combustible, a pesar de que ya existe un impuesto nacional sobre los combustibles. El equipo económico, liderado por el ministro Luis Caputo, está trabajando en una presentación judicial que se llevará directamente ante la Corte Suprema de Justicia, con el objetivo inicial de atacar al municipio de Lomas de Zamora, liderado por el justicialista Federico Otermín. Esta jurisdicción se caracteriza por tener una de las tasas viales más altas del Gran Buenos Aires (GBA).
La Tasa Vial, un tributo “ad valorem”, se cobra como un porcentaje del precio del combustible o como un precio fijo por litro, dependiendo de cada municipio. El gobierno argumenta que esta tasa es una superposición ilegal con el Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL), ya que ambos gravan el mismo producto. El reclamo se fundamenta en la Ley de Coparticipación, que prohíbe la doble imposición.
El conflicto ha llevado a que algunas jurisdicciones, como San Isidro, eliminara la tasa vial en sus estaciones de servicio, alineándose con la política del gobierno nacional. Ahora, el siguiente paso es la judicialización, con la esperanza de que la Corte suspende el cobro de esta tasa hasta resolver el fondo del asunto.
