El Gobierno de Argentina está preparando una nueva Ley de Seguridad Nacional con el objetivo de otorgar mayores poderes a la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) y a las Fuerzas Armadas. Este proyecto será anunciado por Javier Milei en la apertura de sesiones ordinarias, prevista para el 1° de marzo. Con la reforma, se busca ampliar el marco de operatividad de los agentes secretos argentinos, permitiéndoles llevar a cabo operaciones de espionaje y encubiertas fuera del país. Un ejemplo de esta necesidad es el caso de Nahuel Gallo, un gendarme detenido en Venezuela, donde Argentina carece de un agregado militar y depende de la inteligencia de países aliados.
Desde la Casa Rosada se ha señalado que existen medidas que no se pudieron implementar en este caso debido a las limitaciones de la actual Ley de Inteligencia. Por ello, el Ejecutivo planea reformarla para dotar a los agentes de nuevas herramientas. Además, se evalúa la creación de un Consejo de Seguridad Nacional que coordine la estrategia exterior, integrado por el presidente, los ministros de Defensa, Seguridad, Relaciones Exteriores, el titular de la SIDE y el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas.
El Gobierno también aspira a profundizar la relación con agencias internacionales como la CIA y el Mossad, con el fin de establecer convenios de intercambio de información y realizar operaciones conjuntas. A raíz de las amenazas de Irán por el apoyo argentino a Israel, la reforma se ha acelerado. Además, el Ejecutivo planea extender las competencias de las Fuerzas Armadas en el territorio nacional, permitiendo a los militares derribar avionetas que violen el espacio aéreo argentino y combatir a carteles de narcotráfico. Estas medidas suponen una ampliación de las atribuciones ya otorgadas a través del decreto 1112/24, que habilita a las Fuerzas Armadas a combatir amenazas no estatales, como las organizaciones terroristas. También se prevé un cambio en el nombre del Ministerio de Seguridad, que pasaría a denominarse “Seguridad Nacional”.
