El Gobierno de Javier Milei tiene previsto profundizar en 2025 la reducción de la planta de trabajadores estatales, como parte de una reforma de Estado encabezada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y Diego Chaher, titular de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas. Este plan implica la eliminación de secretarías, empresas, organismos y entes descentralizados que aún forman parte de la estructura estatal.
Además, el Ejecutivo implementará el desplazamiento de todos los contratados que no aprueben los exámenes del Sistema de Evaluación Pública, establecido por la Subsecretaría de Desarrollo y Modernización del Empleo Público. Los trabajadores contratados tienen tres oportunidades para rendir estos exámenes, que se dividen en categorías profesionales y no profesionales. Según fuentes oficiales, más de 10.000 contratados ya han aprobado los exámenes, mientras que los gremios aseguran que otros 30.000 trabajadores están inscritos para rendir hasta finales de enero de 2025.
En este contexto, el gobierno ya ha prorrogado más de 40.000 contratos hasta marzo para que los trabajadores puedan realizar las evaluaciones. La Casa Rosada también ha anunciado la disolución de la Administración General de Puertos (AGP), que será reemplazada por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN), y busca cerrar varias dependencias, como Corredores Viales y Ferrocarriles Argentinos (FASE). Además, se planea privatizar en el mediano plazo empresas como Enarsa, Intercargo y SOFSE.
Por otro lado, el Gobierno trabaja en la eliminación de la Secretaría de Desarrollo Territorial, Hábitat y Vivienda, y en una reestructuración de la Secretaría de Comercio, con recortes en diversas dependencias. En cuanto a los recortes en personal, se estima que las áreas más afectadas podrían ser Justicia, Capital Humano y el Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA).
La reforma también establece que los empleados públicos de áreas que sean eliminadas o modificadas por decreto tendrán un año con goce de sueldo mientras esperan ser reubicados o capacitados para nuevas funciones. Sin embargo, ciertos organismos como las universidades, el Poder Judicial y el CONICET, entre otros, quedan fuera de esta reestructuración.
El Gobierno también implementó restricciones en la contratación de nuevos empleados a través del Decreto 1148/2024, que congela la planta actual de la Administración Pública Nacional y establece que todos los nuevos ingresantes deberán aprobar los exámenes dispuestos por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado.
