El Gobierno de la Nación está avanzando en la eliminación de Corredores Viales, una medida que afectará a unos 3600 empleados públicos. El Ejecutivo trabaja en la transición para trasladar las atribuciones de la empresa hacia la Secretaría de Transporte, presidida por Franco Mogetta. Esta disolución se dará una vez que se concreten las concesiones de los tramos que conforman la Red Federal Vial, un total de 9.145 kilómetros que abarcan 13 tramos y concentran el 80% del tránsito nacional.
Según fuentes oficiales, Corredores Viales duplica funciones de la Secretaría de Transporte y la Dirección Nacional de Vialidad. La empresa, una sociedad anónima, gestiona las principales rutas y autopistas del país. En su último informe, la empresa reportó ingresos corrientes de $136.113 millones en el tercer trimestre de 2024. Su modelo de financiamiento depende en gran medida de los peajes, que recaudaron $95.593 millones, además de transferencias del Tesoro Nacional.
El equipo a cargo de la disolución está encabezado por Diego Chaher, titular de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, que depende del ministro de Economía, Luis Caputo. Chaher afirmó que la eliminación de Corredores Viales busca una transición ordenada y la reubicación de los empleados afectados.
En paralelo, el Gobierno avanza en la licitación de los tramos de la Red Federal de Concesiones mediante el decreto 28/2025, buscando reducir los aportes del Tesoro Nacional y mejorar la gestión de las rutas. Esta medida forma parte de un proceso de privatización más amplio que incluye la posible venta de otras empresas públicas como Energía Argentina S.A. (ENARSA) y Belgrano Cargas y Logística S.A..
Por otro lado, la Ley Bases establece que los empleados afectados por la eliminación de Corredores Viales tendrán un año con goce de sueldo mientras se determina su reubicación, capacitación o posibilidad de realizar servicios tercerizados para el Estado.
