El Gobierno de Argentina está evaluando implementar nuevas medidas para que la Unidad de Información Financiera (UIF) comparta información directa con la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). Esta iniciativa forma parte de las recomendaciones emitidas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) tras su última evaluación sobre las políticas del país en relación con el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo.
Desde la Casa Rosada, se sostiene que el objetivo es establecer un sistema eficiente para el traspaso de documentación financiera entre los dos organismos, lo que permitiría fortalecer la prevención del terrorismo. Según fuentes cercanas al Ejecutivo, “es fundamental saber qué hace un individuo extranjero, como un iraní, que llega por primera vez al país y abre una empresa”, una situación que actualmente complica el trabajo de la SIDE al no contar con acceso directo a la información financiera.
A pesar de que la SIDE tiene acceso a datos financieros por otras vías, desde la central de Inteligencia destacan la necesidad de contar con una función de reporte directa que agilizara el proceso de análisis. El informe del GAFI recomienda una respuesta más proactiva frente al financiamiento del terrorismo y sugiere incorporar la inteligencia financiera a la estrategia nacional.
Para implementar estas medidas, el Gobierno analiza distintas opciones, incluida la firma de un convenio de intercambio de información entre el nuevo presidente de la UIF, Paul Starc, y el titular de la SIDE, Sergio Neiffert. También se contempla la posibilidad de avanzar con un decreto para formalizar el proceso.
Asimismo, la Argentina busca profundizar sus relaciones internacionales en el ámbito de la inteligencia y la seguridad, con la intención de formar una alianza estratégica con Estados Unidos, Italia e Israel. Esto incluiría acuerdos comerciales, militares y operativos conjuntos para hacer frente a posibles amenazas terroristas, especialmente ante las tensiones con Irán.
En paralelo, el Ejecutivo avanza en una reforma integral de la SIDE, apuntando a una renovación de personal y la reestructuración de sus delegaciones en el exterior, en un esfuerzo por adaptarse a los desafíos contemporáneos en la lucha contra el terrorismo y otros delitos transnacionales.
