La reciente resolución del Gobierno de eliminar la triangulación de las obras sociales y establecer el traspaso directo de los aportes de los afiliados a las empresas de medicina prepagas ha generado una gran tensión en la Confederación General del Trabajo (CGT). Aunque la mesa chica de la CGT intentó ponerse en contacto de urgencia para abordar la medida, no logró unificar una postura clara, lo que profundizó las divisiones dentro de la central obrera.
Para los sindicatos más grandes, la resolución afecta principalmente a las llamadas “obras sociales de sello de goma”, que eran estructuras fantasma creadas para recibir aportes sin brindar servicios reales. Estos gremios consideran que la medida podría beneficiarlos, ya que elimina la obligatoriedad de recibir los aportes de los monotributistas, lo que podría aliviar su carga financiera.
Por otro lado, algunos gremios más pequeños, que sí cuentan con un sistema médico sindical, están evaluando judicializar la resolución del Ministerio de Salud, al considerar que la medida podría afectarles negativamente. Según cifras oficiales, se estima que la resolución podría significar una pérdida de al menos $30.000 millones mensuales para los gremios, ya que los aportes ahora se destinarán directamente a las prepagas.
Este cambio responde a un doble objetivo del Gobierno: por un lado, busca que las prepagas reduzcan sus precios a partir de marzo y mantengan los aumentos por debajo de la inflación, y por otro, busca desarticular el sistema de triangulación y eliminar la burocracia sindical asociada. Desde el Ministerio de Salud se destacó que esta medida pone fin a un sistema que se considera “perverso” y que alimentaba “cajas negras”. Sin embargo, la implementación de la medida ha generado incertidumbre y ha dejado en evidencia las tensiones dentro de la CGT, especialmente entre los gremios más grandes y los más pequeños.
La división dentro de la central obrera es clara, y el tema de la salud sigue siendo una cuestión pendiente. A mediados del año pasado, la CGT ya había alertado sobre los altos costos del Plan Médico Obligatorio (PMO), especialmente para los monotributistas y empleados domésticos, que no alcanzan a cubrir el costo del servicio. Los sindicatos reclaman una revisión del sistema y proponen alternativas como una canasta de servicios de emergencia y un aumento de los aportes de los monotributistas y empleadas domésticas, para asegurar un sistema de salud más equitativo y sostenible.
