En el marco del proceso de reestructuración del Estado, el Gobierno nacional, como lo informó Infobae, disolvió la Secretaría de Desarrollo Territorial, Hábitat y Vivienda mediante el Decreto 70/2025, publicado en el Boletín Oficial. Esta medida se basa en la premisa de que la gestión de la política de vivienda debe ser responsabilidad de provincias, municipios y el sector privado, con una intervención mínima del Estado nacional.
La disolución de la Secretaría y los fondos fiduciarios relacionados responde a un uso ineficiente de los recursos, fallos en los controles y la falta de resultados concretos en los proyectos habitacionales. El Gobierno de Javier Milei ha decidido transferir la responsabilidad de estos proyectos a las provincias y municipios, además de aplicar lo que se ha denominado “Motosierra” a los programas existentes.
Uno de los programas más afectados es el Plan Procrear, que dejó 17.000 viviendas sin terminar. El Gobierno ha optado por subastar propiedades y transferir proyectos a las provincias para asegurar la finalización de estas viviendas. Este proceso ya ha sido implementado en diversas provincias, como Catamarca, Mendoza y Buenos Aires, donde se han transferido proyectos o asumido responsabilidades para concluir las obras. A pesar de estas transferencias, se desconoce si las viviendas serán financiadas por el sector privado.
En paralelo, el Gobierno está llevando a cabo auditorías exhaustivas de los proyectos iniciados por la administración anterior para garantizar la transparencia en el uso de recursos y la correcta ejecución de los créditos otorgados. Con esta reestructuración, se busca optimizar los recursos públicos y garantizar que las obras de vivienda lleguen a su conclusión, involucrando al sector privado y dejando de lado la intervención estatal directa.
La reestructuración de los programas habitacionales es un cambio significativo en la política de vivienda en Argentina, lo que ha generado preocupación en sectores sindicales por posibles despidos en la ex Secretaría.
