Después del anuncio realizado por Javier Milei en la apertura de sesiones ordinarias, el Gobierno argentino se encuentra afinando los detalles de la estrategia que implementará para lograr la aprobación del nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que asciende a más de 11.000 millones de dólares. Ante la falta de apoyo mayoritario en el Congreso, el Ejecutivo busca generar presión tanto en los bloques aliados como en los opositores para que respalden esta iniciativa clave para el futuro económico del país. Desde la Casa Rosada, sostienen que la estrategia será clara: “Esto es adhesión o sometimiento”, como expresaron desde el oficialismo.
El Gobierno planea someter el acuerdo a votación en las próximas semanas, aunque ya prepara un plan B en caso de que no consiga avanzar en la Cámara de Diputados y en el Senado. La dificultad radica en la escasa cantidad de bancas de La Libertad Avanza, lo que hace incierto el futuro del acuerdo. Ante esta situación, Milei analiza la posibilidad de solicitar facultades extraordinarias al Congreso para firmar el acuerdo sin necesidad de pasar por las cámaras legislativas nuevamente.
A la par de este acuerdo, el Ejecutivo también avanza con otros proyectos clave, como la reforma impositiva, laboral y previsional, aunque algunos de estos no se impulsarán en el corto plazo debido a las dificultades de aprobar reformas de peso en un año electoral. Sin embargo, dentro de las prioridades inmediatas del Gobierno se encuentran la reforma al Código Penal y cambios al Código Civil y Comercial. Además, se trabaja en una reforma migratoria que incluye restricciones para los inmigrantes ilegales y un régimen más estricto para otorgar residencias a estudiantes extranjeros.
Esta serie de reformas, que incluyen desde la reducción de la regulación en los contratos entre privados hasta la modificación del sistema penitenciario, forman parte de la agenda con la que la Casa Rosada busca fortalecer el apoyo político dentro y fuera del Congreso.
