Una resolución del Gobierno que dispone una suerte de “bono a la motosierra”, en las áreas que avanzaron con recortes en el Estado, generó un fuerte rechazo en el sector público, especialmente en el sindicato de Asociación de Trabajadores del Estado (ATE). A horas del cierre de listas, Patricia Bullrich salió a recorrer las calles porteñas: “En CABA, la motosierra está desafilada”.
La medida, publicada el viernes pasado en el Boletín Oficial, fue firmada por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y los ministros de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y de Economía, Luis Caputo. Establece beneficios salariales adicionales para los funcionarios que logren disminuir su dotación de personal, según la Decisión Administrativa 7/2025.
El artículo 5° de la disposición señala que las “unidades retributivas adicionales” serán otorgadas en función del ahorro presupuestario generado por la reducción de personal. Este premio se aplicará a las “autoridades superiores” incorporadas al régimen de Gabinete de Asesores, es decir, a los funcionarios políticos. El Gobierno ha definido la medida como una forma de otorgar suplementos extraordinarios basados en indicadores objetivos de productividad, destacando la eliminación al mínimo de la estructura estatal como un objetivo prioritario de la gestión de Javier Milei.
La reducción de la dotación de personal se mide con una fórmula que incluye el valor de las unidades retributivas (UR), los adicionales y la baja de la dotación entre 2023 y 2024. El otorgamiento del suplemento será supervisado por la cartera a cargo de Sturzenegger y organismos técnicos del Ministerio de Economía.
Este ajuste en el sector público ha sido muy criticado por dirigentes de ATE. Daniel “Tano” Catalano, secretario de ATE Capital, denunció que la medida beneficia a las autoridades superiores del Gobierno, mientras miles de familias quedarán en la calle debido a los despidos masivos. Rodolfo Aguiar, titular de ATE Nacional, también repudió la medida, acusando al Gobierno de mercenarismo y de premiar a los funcionarios que han causado los recortes.
El gremio de ATE ha convocado a una jornada de lucha el jueves frente al Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, para exigir la reincorporación de los empleados despedidos. 50.000 contratos están en juego, y los sindicatos exigen que los contratos que vencen el 31 de marzo se renueven automáticamente.
En contraste, la UPCN, que lidera Andrés Rodríguez, no ha emitido una postura clara sobre el adicional a los funcionarios, aunque se unirá a la huelga del 10 de abril convocada por la CGT. Mientras tanto, Sturzenegger celebra la reducción de los cargos jerárquicos en la administración pública, afirmando que menos cargos para funcionarios significa menos impuestos para los argentinos.
