La reciente decisión del Gobierno de eliminar los aranceles a la importación de celulares volvió a poner en foco el régimen fiscal especial de Tierra del Fuego, vigente desde hace más de 50 años. Este régimen tiene un costo fiscal de USD 1.070 millones anuales, según un informe de la Fundación Fundar, con baja generación de valor agregado y empleo real en el país.
El presidente Javier Milei y funcionarios como Guillermo Francos y Federico Sturzenegger se mostraron críticos del esquema: “Lo que hacen es armar productos que vienen desarmados del exterior”, expresó Francos. Por su parte, Sturzenegger argumentó que reducir los costos de la electrónica beneficiará a 47 millones de argentinos, incentivando el consumo en otras áreas.
El subrégimen industrial fueguino, que permite importar kits electrónicos sin aranceles y venderlos con exenciones de IVA e Impuestos Internos, se considera desactualizado. “Es un sistema ineficiente que genera pocos empleos y no promueve la competitividad”, afirmó el investigador del Conicet, Juan Carlos Hallak.
Los productos como celulares, televisores y aires acondicionados, ensamblados en la isla, presentan mínimo valor agregado local, lo que incrementa el costo fiscal sin mayores beneficios económicos o sociales. Además, la protección arancelaria no se ha traducido históricamente en precios más bajos para el consumidor final.
El debate actual plantea reformular el régimen de Tierra del Fuego, priorizando sectores con mayor impacto en empleo, exportaciones y eficiencia fiscal, como el turismo o la pesca. Con esta medida, el Gobierno busca alinear el gasto público con políticas de desarrollo más sustentables para el país.
