La Confederación General del Trabajo (CGT) presentó un amparo judicial para frenar el decreto de necesidad y urgencia (DNU) del Gobierno que limita el derecho a huelga. La central obrera solicitó ante la Justicia que se declare la invalidez constitucional del DNU, ya que consideran que impide el ejercicio legítimo de las medidas de fuerza.
Entre los fundamentos del amparo, la CGT afirmó que el decreto firmado por el Presidente reglamenta de manera restrictiva el derecho a huelga, ampliando arbitrariamente la lista de actividades consideradas “servicios esenciales”. Además, indicaron que el DNU impone niveles mínimos de prestación que van del 75% al 50%, lo que en la práctica “imposibilita el ejercicio legítimo de las medidas de fuerza”.
Los líderes sindicales sostienen que esta medida viola el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, los Convenios 87 y 98 de la OIT, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, entre otras normas constitucionales que garantizan la libertad sindical y el derecho a huelga.
En su presentación, la CGT cuestionó además la forma en que se dictó el decreto, señalando que “fue emitido sin cumplir los requisitos de necesidad y urgencia establecidos en el artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional, en un contexto de funcionamiento normal del Congreso”. Por ello, reclaman que la reforma legal sobre huelgas no puede hacerse por DNU.
Finalmente, solicitaron una medida cautelar para suspender inmediatamente la aplicación de los artículos 2° y 3° del DNU 340/2025, con el objetivo de evitar perjuicios irreparables al movimiento obrero y proteger los derechos sindicales hasta que se resuelva el fondo del planteo.