Argentina ha decidido recurrir a la Corte Suprema de Estados Unidos para apelar un fallo adverso que permite a un grupo de acreedores embargar activos soberanos del país, específicamente aquellos asociados a los bonos Brady emitidos en la década de 1990. Esta deuda, que venció en marzo de 2023, estaba garantizada por activos depositados en una cuenta del Banco Central de la República Argentina (BCRA) en la Reserva Federal de Nueva York, y el monto estimado del embargo podría alcanzar los 310 millones de dólares.
El conflicto surge después de que la jueza Debra Ann Livingston ratificara un fallo anterior de la jueza Loretta Preska, permitiendo a los acreedores embargar títulos del Tesoro de los Estados Unidos, una acción que responde a una vieja sentencia no pagada relacionada con los holdouts, fondos que no participaron de los canjes de deuda de 2005, 2010 y 2020.
El gobierno argentino defiende que estos activos pertenecen al BCRA y no al Estado, por lo que no deberían ser utilizados para el pago de las deudas soberanas, argumentando que están exentos bajo la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras de los Estados Unidos. Sin embargo, la jueza Preska ha desestimado este argumento, al considerar que estos derechos están vinculados al Estado argentino.
Este caso es relevante, ya que marca el regreso de Argentina a la Corte Suprema de EE. UU. desde 2018, y refleja las tensiones de larga data sobre la deuda soberana y el impacto de los holdouts que buscan cobrar las sentencias de deuda no reestructurada.
