El Gobierno argentino ha dado un giro en su estrategia antiinflacionaria al levantar el cepo cambiario y abandonar la devaluación fija del 1% mensual, dejando de lado el ancla cambiaria que utilizó durante el primer año de gestión. En su lugar, comenzó a implementar medidas vinculadas al control de tarifas, como herramienta alternativa para contener la inflación, especialmente de cara a las próximas elecciones legislativas.
La sensibilidad de los precios al dólar en Argentina es alta, por lo que el nuevo régimen de flotación con bandas cambiarias (entre $1000 y $1400) busca moderar la volatilidad. Sin embargo, al desaparecer el ancla cambiaria, el Gobierno recurre a decisiones que actúan como una ancla tarifaria: aumentos mínimos del 3% en luz y gas, postergación del ajuste de impuestos a los combustibles, y congelamiento del boleto de colectivo nacional.
A estas medidas se suman acuerdos con prepagas y presiones a empresas para moderar listas de precios. Según analistas como Melisa Sala y Camilo Tiscornia, el Gobierno está combinando herramientas ortodoxas y heterodoxas para sostener su objetivo central: bajar la inflación. Además, evalúa abrir importaciones como forma adicional de presión a los precios internos.
