El 31 de diciembre vencen 50.000 contratos en distintas áreas de la administración pública nacional, y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) analiza la posibilidad de convocar una nueva medida de fuerza. Esto ocurre ante el temor de que el Gobierno avance con una nueva ronda de despidos en el Estado. Desde el sindicato, afirman tajantemente: “No puede existir un solo despido”.
La situación se intensificó cuando, en la semana previa a la Navidad, la Casa Rosada confirmó la desvinculación de 2.400 empleados “irregulares” del Ministerio de Justicia y el cierre de Trenes Argentinos Capital Humano (Decahf), lo que implicó la eliminación de 1.388 puestos laborales. Ante este escenario, Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE, reclamó por la renovación automática de los contratos y una recomposición salarial urgente. En sus declaraciones, Aguiar enfatizó: “El 31 de diciembre no puede existir un solo despido en el Estado. Se debe garantizar la continuidad de todos los contratos. El proceso tiene que ser automático”.
Este ajuste en la administración pública forma parte de un plan más amplio que lleva adelante el Gobierno, denominado “deep motosierra”, que busca reestructurar la administración pública, reducir su tamaño y mejorar los estándares de desempeño. Además, se implementaron exámenes de idoneidad, que incluyen tres tipos de evaluaciones y que fueron aprobadas por el 95% de los empleados públicos que las rindieron.
El Gobierno continúa con su plan de reducción de personal, y en los primeros 10 meses de 2024, la planta de empleados públicos disminuyó un 10,48%, eliminando más de 35.000 puestos. Este ajuste generó un ahorro de 3.820 millones de dólares, según datos de la Secretaría de Coordinación Legal y Administrativa. Sin embargo, el sindicato ATE mantiene su postura firme y continuará movilizándose para defender los derechos de los trabajadores del Estado.
