Antes de la llegada de la misión técnica del FMI a Buenos Aires, prevista para los próximos días, el Gobierno se aseguró mostrar avances concretos en una de sus principales promesas del acuerdo por US$20.000 millones: la eliminación del 90% de los fideicomisos públicos. Hasta el 20 de junio, el Ejecutivo ya había disuelto 26 de los 29 fondos fiduciarios en funcionamiento a fines de 2023.
La única excepción que seguirá activa es el Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas Natural, que se mantendrá hasta 2026 por la ratificación del Régimen de Zona Fría en la Ley Bases. Este fondo registró en 2024 ingresos por $322.210 millones y gastos por $377.021 millones, destinados a subsidios en tarifas de gas para más de 4,3 millones de usuarios.
El proceso de eliminación comenzó con el DNU 70/23, firmado tras la asunción de Javier Milei, y continuó mediante decretos y resoluciones que disolvieron fondos como el Fondo Fiduciario PROGRESAR, el PROCREAR, el Fondotec, entre muchos otros.
Entre los tres fideicomisos que aún siguen vigentes, se encuentran el Fondo de Garantía Argentino (FOGAR), con $192.707 millones en ingresos, y el FONPEC, orientado a la economía del conocimiento.
Con este avance, el Gobierno busca mostrar al FMI un ajuste estructural profundo en las finanzas públicas, reduciendo estructuras paralelas de gasto y priorizando la eficiencia en la asignación de recursos. Además, se mantiene en análisis el destino de otros fondos que aún manejan más de $200.000 millones, en línea con la política de austeridad del actual Ejecutivo.
