El fondo Attestor Master anunció este martes que tomó posesión de US$209 millones pertenecientes al Estado argentino, los cuales estaban depositados en la Reserva Federal de Nueva York. Estos activos provienen del colateral de los Bonos Brady que vencieron en 2023. La medida se concretó después de que la jueza Loretta Preska ordenara el embargo, tras la negativa de la Corte Suprema de EE.UU. de aceptar una apelación presentada por el Gobierno argentino.
Attestor es uno de los acreedores que, junto a otros siete fondos, posee fallos a favor por un total de US$460 millones aún no cobrados. Además, se dispuso el congelamiento de otros US$100 millones a la espera de una resolución en la disputa entre Attestor y Bainbridge Fund. El fallo en contra de Argentina tiene su origen en las demandas de los holdouts, bonistas que rechazaron los canjes de deuda de 2005, 2010 y 2016, y recurrieron a la Justicia estadounidense para exigir el pago de los títulos impagos.
La jueza Preska ya había ordenado previamente que el país indemnizara a los acreedores con un total de US$477 millones, una condena ratificada por la Cámara de Apelaciones de Nueva York en agosto de 2024. Este fallo dejó en firme la posibilidad de embargos sobre activos argentinos, incluyendo los bonos Brady, instrumentos financieros emitidos en la década de 1990.
Este embargo se suma a una serie de fallos adversos para Argentina, como la sentencia por la expropiación de YPF, en la que el fondo Burford Capital obtuvo una indemnización de US$16.000 millones. Además, el país enfrenta otros reclamos internacionales, como los US$389,5 millones en el CIADI por la estatización de Aerolíneas Argentinas y la ejecución de garantías en Reino Unido por 313 millones de euros en relación con los bonos cupón PBI.
