Una fiscal boliviana presentó formalmente una imputación contra el expresidente Evo Morales por el delito de “trata de personas agravada” por el abuso de una menor de 15 años. La imputación también recae sobre Idelsa Pozo Saavedra, madre de la presunta víctima, quien, según la denuncia, habría entregado a su hija a Morales a cambio de favores. La fiscalía solicita además una alerta migratoria para el exmandatario, quien se encuentra en el Chapare, su bastión político.
El proceso judicial acusa a Morales de trata de personas y estupro, alegando que tuvo un hijo con la menor. Se revela que la joven formaba parte de un grupo juvenil creado por Morales durante su presidencia, denominado “Generación Evo”. La fiscal también informó que, a pesar de que se emitió una orden de arresto el 16 de octubre, la Policía no ha logrado ubicar al exmandatario, debido a su refugio en el Chapare, donde sus seguidores realizaron bloqueos de carreteras para evitar su captura.
El caso ha generado un fuerte debate, con acusaciones de que algunos actores políticos intentaron frenar la acción judicial, como ocurrió cuando la fiscal Sandra Gutiérrez fue apartada temporalmente de su cargo por el entonces fiscal general, Juan Lanchipa. Morales también enfrenta acusaciones relacionadas con trata de personas y abuso sexual durante su exilio en ese país.
