El Gobierno nacional autorizó a las Fuerzas Armadas a detener personas en situación de flagrancia en la frontera norte como parte de los operativos de control y vigilancia contra el crimen organizado. Esta medida, impulsada por el Ministerio de Defensa, liderado por Luis Petri, se basa en el artículo 34 del Código Procesal Penal, el cual permite detenciones en flagrancia. Sin embargo, ahora se aplicará bajo un protocolo regulado que prioriza el uso proporcional de la fuerza.
El nuevo protocolo establece que el personal militar debe identificarse como miembro de las Fuerzas Armadas y agotar todas las instancias no violentas para detener una agresión. En caso de ser necesario, se deberá emitir una advertencia verbal antes de usar la fuerza. El uso de armas letales se permitirá solo en legítima defensa propia o de terceros, y los disparos deberán dirigirse a zonas no vitales, evitando consecuencias fatales.
El documento aclara que las detenciones serán transitorias, y las fuerzas deben informar inmediatamente a las fuerzas de seguridad o al Ministerio Público Fiscal, para que asuman la intervención legal correspondiente.
Este protocolo será implementado en el operativo “Julio Argentino Roca”, desplegado en áreas rurales del norte y noreste del país, fuera de los pasos fronterizos oficiales. Participan más de 10.000 efectivos del ejército, con un despliegue permanente de hasta 1300 hombres. El operativo cuenta con drones, radares móviles, helicópteros, sistemas de comunicación avanzados y un avión Diamond para tareas de vigilancia aérea.
El personal involucrado fue previamente capacitado bajo Reglas de Empeñamiento y equipado con nueva protección individual, asegurando una respuesta flexible y adaptada a los diversos escenarios en la frontera. Esta medida representa un paso clave en el refuerzo de la seguridad nacional en zonas críticas del territorio argentino.
