Diputadas y senadoras de diversas fuerzas políticas se reunieron con especialistas y padres adoptantes para analizar las dificultades que enfrentaron durante el proceso de adopción internacional. Durante el encuentro, surgió la necesidad de modificar la legislación argentina y se promovió la adhesión de Argentina a la Convención de La Haya sobre la Protección de Menores y la Cooperación en materia de Adopción Internacional. Este tratado internacional establece normas para facilitar la adopción internacional, protegiendo tanto a los menores como a las familias adoptivas.
El encuentro contó con la presencia de destacadas figuras como las senadoras Carolina Losada (UCR) y Lucila Crexell (Movimiento Popular Neuquino), y las diputadas Soledad Carrizo y Roxana Reyes (UCR), entre otros. Karina Banfi, diputada radical y organizadora de la reunión, subrayó que, aunque la adopción internacional es legal en Argentina, los procesos administrativos son extremadamente engorrosos. Para mejorar esta situación, se propuso tratar el proyecto en la Comisión de Relaciones Exteriores, presidida por Fernando Iglesias (Pro), con la esperanza de obtener un dictamen favorable.
Testimonios en primera persona de padres adoptivos, como los de Daniel Grinbank y su esposa Andrea Pietra, revelaron las enormes dificultades burocráticas que enfrentaron durante su proceso de adopción en Haití. También, la senadora Losada compartió su propia experiencia adoptiva, destacando cómo las trabas burocráticas a menudo privilegian el interés de los adultos por encima del interés superior del niño.
Más de 300 familias argentinas han adoptado niños en países como Haití, Rusia, Colombia y Ucrania, pero la falta de un marco legal adecuado hace que estos procesos sean complejos y prolongados. Por ello, se busca que el Gobierno firme la adhesión a la Convención de La Haya, lo que permitiría un mayor control y transparencia en las adopciones internacionales a través de un registro estatal.
Con este proyecto, se busca no solo agilizar los procesos de adopción, sino también asegurar que los niños adoptados reciban la protección legal que merecen.
