El 95% de los empleados públicos que rindieron el “examen de idoneidad” impulsado por el Gobierno aprobaron en el primer intento. Este examen, diseñado para evaluar las competencias básicas de los trabajadores estatales, ha sido una de las iniciativas clave del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, dirigido por Federico Sturzenegger. Hasta el momento, más de 9000 trabajadores estatales, tanto de planta transitoria como contratados, han completado con éxito las pruebas, las cuales son obligatorias para la renovación de contratos de más de 40.000 empleados cuyo vínculo vence el 31 de diciembre.
La evaluación se realiza en tres modalidades: “servicios generales”, “administrativos” y “profesionales”. Cada una de estas pruebas es anónima, de formato múltiple-choice, tiene una duración de una hora y se lleva a cabo de manera presencial. Los resultados se procesan automáticamente para garantizar imparcialidad en la corrección. Aunque el examen es necesario para la renovación del contrato, no garantiza de forma automática la permanencia de los empleados, ya que la decisión final se tomará en base a los “parámetros usuales”.
A pesar del rechazo inicial, los principales sindicatos del sector público, UPCN y ATE, han participado activamente en el proceso, brindando apoyo a los trabajadores con clases preparatorias y garantizando la transparencia de las pruebas. Aunque algunos dirigentes sindicales han criticado la iniciativa, destacando que el examen no debería ser utilizado como herramienta para estigmatizar a los empleados públicos, la implementación de la evaluación forma parte de un plan más amplio para reestructurar la administración pública y elevar los estándares de desempeño laboral.
Este proceso, conocido como “deep motosierra”, busca reducir el tamaño de la administración pública y mejorar la eficiencia en el sector. Con la participación de miles de empleados y la posibilidad de realizar hasta tres intentos para aprobar, el examen de idoneidad marca un hito en la revalorización de los estándares de calidad en el empleo público.
