El Gobierno busca acelerar las privatizaciones antes de las elecciones y para ello, se enfoca en conformar la comisión bicameral que tratará los pliegos de las privatizaciones. Este proceso se enmarca dentro del acuerdo técnico con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por US$20.000 millones. El Gobierno nacional se comprometió a presentar una hoja de ruta sobre el esquema de privatizaciones para noviembre de este año.
La Casa Rosada planea activar la comisión en el corto plazo a través de un acuerdo general con los presidentes de las bancadas en Diputados y en el Senado. El objetivo es poner en funcionamiento otros órganos legislativos que aún no cuentan con una composición definida. Aunque las privatizaciones deberán pasar por el Congreso, en el oficialismo aseguran que se trata solo de un trámite informativo, ya que la comisión tiene la atribución de emitir dictamen, pero no es vinculante para la decisión final de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, presidida por Diego Chaher.
Según la Ley Bases (27.742), el órgano legislativo debe intervenir en los procesos de venta y ser informado sobre la modalidad a utilizar. La Auditoría General de la Nación (AGN) y la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) también deben presentar informes sobre el estado de las empresas.
El Gobierno ya comenzó con el proceso de privatización de varias empresas, entre ellas Belgrano Cargas, Corredores Viales, Intercargo y Enarsa. Además, está trabajando en un decreto que habilitará la venta de AYSA a través de una licitación pública y la colocación de acciones en la Bolsa de Comercio. Se espera que estas privatizaciones se concreten durante 2026.
