El Gobierno anunció la privatización de Corredores Viales S.A., una empresa estatal encargada del manejo de las principales autopistas y rutas de la Argentina en 13 provincias. La medida fue confirmada este viernes por el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien detalló que la empresa presentaba “magros resultados”. A raíz de esto, el Ejecutivo ofrecerá a empresas privadas la concesión de rutas y autopistas, destacando que “la patria contratista se terminó”. Con esta privatización, se pretende eliminar la empresa “deficitaria” una vez que los corredores gestionados por la firma sean adjudicados a concesionarios privados.
La privatización de Corredores Viales se realizará bajo el modelo de concesión de obra pública por peaje, lo que permitirá el desarrollo de obras de infraestructura a través de la participación del sector privado. El funcionario explicó que las empresas privadas se encargarán de ejecutar las obras necesarias a cambio del derecho de cobrar un peaje a los usuarios.
El proceso estará a cargo de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, que dependerá del Ministerio de Economía. Esta agencia se encargará de la extinción de los contratos vigentes, la selección de las nuevas concesionarias y, finalmente, de la disolución de Corredores Viales S.A.. Durante 2023, mantener esta empresa costó al Estado $301.000 millones, mientras que relevamientos realizados por el gobierno de Javier Milei indicaron que más del 45% de la red vial nacional, administrada por esta entidad, está en malas condiciones.
Corredores Viales S.A. gestiona casi 6000 kilómetros de rutas en 13 provincias, incluyendo tramos importantes en Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Tucumán, Misiones y Mendoza. Además, se incluye el Acceso Riccheri, que conecta con la Ciudad de Buenos Aires.
Este anuncio llega tras la privatización de otras empresas, como la metalúrgica IMPSA y la ferroviaria Belgrano Cargas, lo que marca un cambio radical en la política económica del gobierno actual. También se lanzó el primer proceso licitatorio de las rutas nacionales a través del decreto 28, lo que incluye el Corredor Vial 18, conocido como la “ruta del Mercosur”. Con estos movimientos, el Gobierno busca reducir los aportes del Tesoro Nacional y mejorar la calidad de las infraestructuras viales del país.
