El Gobierno de Argentina ha asegurado que la eliminación de la figura del femicidio no otorgará beneficios a los condenados bajo este agravante, como la libertad condicional o reducción de penas. Fuentes cercanas al proyecto indicaron que la medida no permitirá que los detenidos pidan el principio de la ley más benigna. A pesar de las dudas que genera, el Ejecutivo trabaja en los detalles para que la derogación no beneficie a los presos ni los prive de sus derechos, sino que apunte a una mayor igualdad frente a la ley.
El debate sobre el femicidio resurgió tras las declaraciones de Javier Milei en el Foro Económico de Davos, donde cuestionó que la pena por matar a una mujer sea más severa que la impuesta por matar a un hombre, argumentando que se legaliza que la vida de una mujer valga más que la de un hombre. El Gobierno, con el apoyo de los equipos técnicos de la Casa Rosada y el Ministerio de Justicia, busca reemplazar el femicidio con un nuevo enfoque, que considere el interés legítimo de la familia en general, sin privilegios basados en el género.
Manuel Adorni, vocero presidencial, defendió la postura del Gobierno, destacando que la medida no disminuirá los derechos de las mujeres, sino que busca garantizar la igualdad ante la ley. Aclaró que si se pierde una vida, ya sea de una mujer o un hombre, el trato legal debe ser el mismo.
El proyecto de derogación también plantea modificaciones a la Ley 26.791, que introdujo el agravante del femicidio en 2012. En su artículo 80° del Código Penal, el inciso 11° establece una pena de prisión perpetua para quienes maten a una mujer por violencia de género. El Gobierno cuestiona este tratamiento diferencial, proponiendo alternativas que permitirían abordar la violencia de género sin aplicar un agravante exclusivo para el género masculino. Aún queda por definir cómo se modificará la ley y si el Ejecutivo optará por eliminar por completo el inciso 11° o ajustarlo con una perspectiva más amplia que incluya tanto a hombres como a mujeres víctimas de violencia.
