El gobierno nacional ha anunciado que llevará a cabo una auditoría exhaustiva sobre más de un millón de pensiones no contributivas por invalidez laboral. Esta medida surge tras los resultados de una auditoría reciente que reveló que aproximadamente el 80% de los beneficiarios no cumplían con los requisitos establecidos para acceder a estos beneficios. La tarea estará a cargo de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y el PAMI, quienes trabajarán conjuntamente para garantizar que se respeten los criterios de selección en todos los casos.
La auditoría realizada en diciembre de 2024 arrojó datos alarmantes, como la detección de 212 pensiones cobradas por presos desde las cárceles y 150 por personas fallecidas. Este proceso de revisión se enmarca dentro de un plan gubernamental de fortalecer los controles sobre las prestaciones del Estado, con el objetivo de asegurar que solo quienes realmente cumplan con los criterios de invalidez laboral sigan recibiendo estas pensiones.
En este contexto, se publicó una nueva normativa que actualiza las condiciones para determinar la invalidez laboral, apoyada en baremos elaborados por expertos en medicina legal-laboral. Este baremo incluye una serie de apartados que permiten evaluar de manera cualitativa el grado de deterioro psicofísico de los solicitantes, a fin de garantizar que el beneficio se otorgue solo a quienes lo necesiten.
El proceso de auditoría se llevará a cabo en varias etapas. Primero, se realizará un análisis exhaustivo de cada caso, seguido de evaluaciones presenciales por médicos del PAMI en todo el país. Después, se procesará la información y se determinará si corresponde suspender o mantener cada pensión. Finalmente, se emitirán los dictámenes finales.
Este proceso de auditoría es parte de una serie de medidas adoptadas por el gobierno para combatir fraudes y garantizar que los recursos públicos se destinen de manera justa a quienes realmente lo necesitan. La revisión de pensiones por invalidez también se está llevando a cabo en otras provincias, como Chaco, donde se detectaron irregularidades que afectaron a miles de beneficiarios. En este caso, se prevé la baja de más de 1.700 pensiones que no cumplían con los requisitos legales.
La medida busca garantizar la transparencia y la equidad en la asignación de recursos públicos, mientras se identifican y corrigen los posibles fraudes en el sistema.
