La Procuración del Tesoro, bajo la conducción de Rodolfo Barra, se pronunció recientemente sobre la jubilación de privilegio que percibe Amado Boudou como exvicepresidente de la Nación. En su dictamen, se concluye que Boudou debe devolver dicha asignación de manera retroactiva, es decir, desde diciembre de 2020, fecha en la que la Corte Suprema de Justicia ratificó su condena en el caso Ciccone. Esta resolución fue entregada a la ANSES el 19 de diciembre pasado, luego de un pedido de esa entidad para obtener un pronunciamiento sobre la viabilidad de iniciar acciones legales para recuperar los fondos percibidos de manera indebida.
El dictamen sostiene que la revocación de la jubilación de privilegio, dispuesta por la Resolución N.° 1103/24, tiene efectos retroactivos, lo que permite que la ANSES comience los procedimientos necesarios para recuperar el dinero abonado al exfuncionario. Este acto se justifica bajo el principio de que nadie debe enriquecerse a costa del patrimonio estatal, y se insta a la ANSES a actuar rápidamente para restablecer el imperio de la legalidad.
La ANSES ya había dado de baja la jubilación de Boudou en noviembre, argumentando que el beneficio otorgado por honor, mérito y buen desempeño no se sostiene cuando el exvicepresidente está condenado por delitos contra la administración pública. Se sostiene que la asignación de Boudou constituye un acto ilegítimo que debe ser corregido, incluso con la restitución de los montos ya percibidos, con los correspondientes intereses.
El reclamo podría ascender a una cifra significativa, superior a los $400 millones, si se toma en cuenta la acumulación de pagos desde la fecha de la condena de Boudou. Al mismo tiempo, la ANSES evalúa procedimientos similares en otros casos, como el de Cristina Kirchner, quien también percibe una jubilación con bonificaciones cuestionadas. La recuperación de estos fondos sigue siendo una prioridad para el gobierno, que busca garantizar la legalidad y la justicia en el uso de los recursos públicos.
