Este lunes, el Gobierno nacional denunció la existencia de una red dentro de la ex Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) que operaba desde 2016, destinada a proteger a ciertos contribuyentes, incluidos empresarios y dirigentes cercanos al kirchnerismo. Esta organización bloqueaba el acceso a información sensible sobre el patrimonio y los movimientos de activos de figuras vinculadas a la administración anterior y sus empresas.
Según el periodista Bernardo Vázquez, la lista de personas señaladas incluye a individuos como Lázaro Báez, actualmente preso por el juicio por corrupción en la obra pública, y Alejandro Vandenbroele, condenado por el caso Ciccone. Ambos figuran como beneficiarios de esta red de protección, que se extendió durante los gobiernos de Cambiemos y continuó bajo la presidencia del Frente de Todos.
La investigación reveló que 51 empresas o personas jurídicas estaban bajo esta protección especial. Estas entidades, aunque registradas como contribuyentes, gozaban de un trato privilegiado que les permitía evitar los controles e inspecciones regulares de la AFIP. Esta estructura se ocultaba bajo una base de datos especial en el sistema informático de la AFIP, accesible solo para funcionarios de alto rango.
El caso salió a la luz después de que, en diciembre pasado, funcionarios de la nueva administración detectaran la anomalía al intentar acceder a la información de una empresa particular. Este hallazgo desencadenó una revisión más amplia, que concluyó que varias empresas de figuras cercanas al kirchnerismo, como Lázaro Báez, Martín Báez, y Nicolás Ciccone, entre otros, gozaban de una protección discrecional que carecía de justificación objetiva.
El esquema irregular fue descubierto en el marco de la nueva etapa de gestión de la AFIP, ahora conocida como ARCA (Agencia de Recaudación y Control Aduanero), bajo la dirección de Juan Pazo, quien reemplazó a Florencia Mizrahi.
Esta denuncia pone de relieve la existencia de un entramado de protección que, según la nueva conducción, distorsionó los procedimientos de control fiscal, beneficiando a ciertas personas y empresas vinculadas al poder político. La investigación sigue su curso y podría tener implicancias en la redefinición de las políticas fiscales y de control de la actual administración.
