El Gobierno de Argentina ha decidido eliminar el financiamiento estatal para los tratamientos de cambio de género en personas mayores. Esta medida forma parte de un paquete de acciones que el Ejecutivo está preparando contra lo que consideran la agenda del movimiento LGBTQ+ tras la marcha del sábado pasado. A pesar de que esta medida no se incluyó en el anuncio sobre la prohibición de tratamientos en menores de edad, el Gobierno anticipa que impulsará su implementación en el corto plazo.
De acuerdo con fuentes cercanas al Gobierno, la Casa Rosada planea establecer un decreto que indique que “la salud pública no debe ser responsable de financiar los programas de hormonización” para adultos. Esto se debe a la posición del Ejecutivo de que el Estado no está obligado a cubrir estos procesos en los centros de salud públicos.
En los últimos años, el Ministerio de Salud ha gastado importantes sumas de dinero en financiar tratamientos de hormonización. En 2020, la cifra ascendió a $110.923.738 para 140.439 tratamientos, y en 2021, se destinó $153.941.853 para 134.743 procesos. En 2022, el gasto fue de $229.543.082, mientras que en 2023 alcanzó los $353.956.668. El exjefe de gabinete Nicolás Posse y el exministro de Salud Mario Russo firmaron en marzo de 2024 una licitación pública para la compra de insumos de hormonización, pero la Casa Rosada asegura que la compra no se formalizó.
El Gobierno también planea modificar la Ley de Identidad de Género (26.743), que actualmente reconoce el derecho de las personas a ser legalmente reconocidas y recibir tratamientos médicos relacionados con su identidad de género. En este contexto, las autoridades expresan que preferirán destinar fondos a problemas más urgentes y esenciales para la población. Esta decisión se alinea con la reciente prohibición de acceso a tratamientos de cambio de género para menores de 18 años, decretada el 5 de febrero de 2025.
