El Gobierno ha oficializado un nuevo decreto que establece reglas claras para el alojamiento de personas privadas de la libertad que hayan realizado un cambio de su identidad de género. Según el decreto publicado este jueves en el Boletín Oficial, la administración penitenciaria debe asignar el lugar de detención de acuerdo con el sexo registrado al momento de cometer el delito, en línea con la Ley de Identidad de Género N° 26.743.
La normativa también introduce restricciones importantes para el alojamiento de personas trans en establecimientos penitenciarios femeninos. En particular, se prohíbe el traslado de aquellas personas que hayan cambiado su identidad de género si han cometido delitos violentos contra mujeres, como los tipificados en los Títulos I, III o V del Código Penal. Además, si una evaluación técnica determina que su presencia representa un riesgo para la seguridad o integridad de otros internos, se tomará la decisión de no permitir el alojamiento en espacios destinados a mujeres.
Por otro lado, el decreto establece que si una persona detenida inicia su trámite de cambio de sexo registral después de haber sido detenida, no podrá solicitar ser trasladada a una cárcel acorde con su nueva identidad. Este aspecto ha generado debate, ya que busca equilibrar la protección de los derechos de las personas trans con la seguridad de toda la población carcelaria.
El vocero presidencial, Manuel Adorni, destacó la importancia de la medida, señalando que en casos previos, personas condenadas por delitos de violencia de género se habrían aprovechado del sistema para continuar cometiendo abusos dentro del ámbito carcelario. Además, el decreto también contempla la implementación de medidas de protección para las personas trans dentro del sistema penitenciario, sin comprometer la seguridad del resto de los internos.
Este cambio de normativa también está acompañado de una decisión importante sobre los tratamientos de cambio de género en menores de 18 años. Según Adorni, los tratamientos de hormonización e intervenciones quirúrgicas ya no estarán permitidos para los menores, lo que marca un giro significativo en la política sobre identidad de género.
