El Gobierno prepara una reforma del Código Penal y planea enviarla al Congreso durante las sesiones ordinarias. La iniciativa tiene como objetivo elevar las penas y extender la cadena perpetua, con la intención de aumentar la severidad de las sanciones frente a ciertos delitos. En palabras de las autoridades nacionales, “hay delitos que no admiten una reinserción en la sociedad”. Esta postura refuerza la idea de que el sistema penal debe ser más punitivo, con un enfoque en hacer que los daños causados tengan un costo real para los delincuentes.
La reforma también abarca cambios en el marco judicial y en el sistema penitenciario. La Casa Rosada, en este contexto, busca impulsar modificaciones en el esquema carcelario y planea aumentar la participación privada en las cárceles. El viceministro de Justicia, Sebastián Amerio, lidera el trabajo técnico detrás de esta reforma, bajo la supervisión del asesor presidencial Santiago Caputo. Se plantea que uno de los puntos prioritarios de la reforma será la modificación de los artículos 119 y 120 del Código Penal, enfocados en los delitos contra la integridad sexual, que podrían implicar penas más severas con diversos agravantes.
El proyecto también contempla cambios en la figura de la cadena perpetua, específicamente en relación con el artículo 13 del Código Penal, que establece la libertad condicional después de 35 años de condena. Además, se busca ajustar las penas por femicidio, equiparando las penas de hombres y mujeres en casos de violencia de pareja.
La inspiración para esta reforma, reconocen en Nación, proviene del libro Análisis económico del derecho penal, de Gary Becker, que resalta cómo los delincuentes calculan la probabilidad de ser atrapados y el tamaño de la pena antes de cometer un delito. Con estas medidas, el Gobierno busca una justicia más estricta y alineada con sus nuevos principios punitivos.
