El Gobierno nacional avanza con un proyecto de ley destinado a desmantelar las barrabravas y los negocios ilegales que las sostienen. Actualmente en revisión en el área de Legal y Técnica de la Presidencia, la propuesta busca clasificar a las barrabravas como organizaciones criminales y aplicar sanciones severas tanto a sus integrantes como a los dirigentes de clubes que colaboren con ellas.
El proyecto tiene como eje central la tipificación de las barrabravas como asociaciones ilícitas. Esto permitirá que actividades como el transporte de armas o la reventa de entradas de protocolo sean consideradas delitos, con penas de prisión de entre dos y cuatro años. Además, los dirigentes de clubes que entreguen entradas a las barras o mantengan connivencia con ellas se enfrentarán a sanciones que podrían llegar hasta los seis años de cárcel.
El proyecto también apunta a erradicar los negocios ilegales asociados al fútbol, como el control de estacionamientos por parte de “trapitos” en las inmediaciones de los estadios. Estas prácticas, junto con otras formas de extorsión y amenazas, serán severamente castigadas. El objetivo es cortar las fuentes de financiamiento que permiten a las barrabravas operar y expandir su influencia dentro del fútbol.
Otra de las medidas clave del proyecto es el endurecimiento de las sanciones administrativas. Las autoridades podrán prohibir el acceso a los estadios a personas imputadas por delitos relacionados con el fútbol, incluso antes de que haya una sentencia firme. Este tipo de medidas ya se aplicaron a figuras como Rafael Di Zeo y “Skeletor” Maciel, líderes de la barra brava de Boca Juniors, quienes, tras ser imputados por tenencia de armas, fueron restringidos en su acceso a los estadios de manera indefinida.
El proyecto también tiene como objetivo responsabilizar a los organizadores de eventos deportivos que faciliten el ingreso de armas o permitan el acceso de personas con antecedentes penales. La propuesta busca cerrar todas las brechas legales que permiten a las barrabravas operar con impunidad dentro de los estadios.
Este enfoque busca dejar en claro que las barrabravas no están interesadas en el deporte ni en el fútbol, sino en lucrar con el miedo, la extorsión y la violencia. Según fuentes cercanas al proyecto, “Las barras usan el fútbol como excusa para delinquir, y es hora de tratar a estas organizaciones como lo que son: estructuras criminales”.
La iniciativa surge en un contexto de creciente preocupación por la violencia en el fútbol, especialmente tras la filtración de un audio de Rafael Di Zeo, líder histórico de la barra de Boca Juniors, en el que amenazaba a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en respuesta a la implementación del programa “Tribunas Seguras”, destinado a prevenir la violencia en los estadios.
Este proyecto de ley busca, en definitiva, dar una respuesta contundente a las barrabravas, atacando tanto su estructura interna como sus fuentes de poder y financiamiento, y asegurando que el fútbol vuelva a ser un espacio seguro para los verdaderos aficionados.
