Luego de que el Senado rechazara los pliegos de García-Mansilla y Ariel Lijo, el juez federal Alejo Ramos Padilla notificó este viernes al presidente Javier Milei, a la vicepresidenta Victoria Villarruel y al titular de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, sobre la situación judicial de García-Mansilla. En su notificación, el juez informó que García-Mansilla se encuentra impedido por tres meses de firmar fallos o tomar decisiones administrativas como juez de la Corte Suprema, cargo que asumió el 27 de febrero. Esta medida se produce en medio de un creciente clima de incertidumbre sobre su futuro en el máximo tribunal.
Aunque el Gobierno intenta mantenerlo en su puesto hasta el final del año legislativo, en los pasillos de los tribunales ya se habla de una posible renuncia de García-Mansilla, especialmente luego de los duros cuestionamientos de su colega Ricardo Lorenzetti. En este contexto, tanto el Ejecutivo como el propio García-Mansilla podrían apelar la decisión de Ramos Padilla ante la Cámara Federal de La Plata, aunque el magistrado ha descartado esa opción por el momento.
Este viernes, las presiones para que García-Mansilla renuncie aumentaron, especialmente después de que el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal y un importante sector académico emitieran comunicados solicitando su cese inmediato. Estos sectores argumentan que la decisión del Senado de rechazar su pliego ha concluido el debate sobre su nominación y debe ser respetada. Los juristas han señalado que la designación de García-Mansilla en la Corte viola el artículo 99, inciso 4, de la Constitución Nacional, lo que hace insostenible su permanencia en el cargo.
El juez Ramos Padilla, en su dictamen, advirtió que los actos firmados por García-Mansilla podrían ser considerados ilegítimos o nulos, lo que podría afectar gravemente la seguridad jurídica. De acuerdo con Ramos Padilla, la designación de García-Mansilla por decreto presidencial afectó la división de poderes y la independencia judicial, lo que viola el debido proceso constitucional.
A pesar de contar con el respaldo del Gobierno, García-Mansilla evalúa su futuro en la Corte, mientras se intensifican las críticas y las presiones para que presente su renuncia y se evite un mayor conflicto institucional.
