Eduardo Belliboni, líder del Polo Obrero, enfrenta graves acusaciones judiciales que lo acercan a un juicio oral por administración fraudulenta y amenazas. La Oficina Anticorrupción (OA), junto con la organización Poder Ciudadano, ha solicitado que Belliboni sea elevado a juicio por su presunta participación en una maniobra para desviar fondos públicos del programa Potenciar Trabajo. Según la investigación, parte de los $360 millones enviados por el Ministerio de Desarrollo Social fueron desviados hacia empresas vinculadas al Polo Obrero, las cuales emitieron facturas falsas para ocultar el destino real de los fondos: financiar la campaña del Partido Obrero.
La investigación revela que organizaciones vinculadas a Belliboni, como la Asociación Civil Polo Obrero y la empresa Resplandor Limitado, habrían utilizado facturas apócrifas para justificar la compra de herramientas y otros materiales, cuando en realidad el dinero fue destinado a campañas políticas. Entre las empresas involucradas se encuentra Coxtex, que facturó al Polo Obrero más de $5 millones, aunque la AFIP la catalogó como apócrifa. También está la imprenta Ediciones e Impresiones Rumbos, que emitió facturas por más de $30 millones, varias de ellas irregulares, y que fue utilizada para financiar actividades electorales del Partido Obrero.
Además, Belliboni es acusado de extorsionar a beneficiarios del programa, exigiendo pagos mensuales a cambio de no perder la asistencia social. Se registraron pagos forzados de hasta $2.500 mensuales por parte de los beneficiarios, bajo la amenaza de perder el acceso al programa.
La Unidad de Información Financiera (UIF) también pidió que Belliboni sea juzgado por lavado de dinero. De ser confirmado, el juicio podría realizarse entre febrero y marzo de 2025, y se espera que la defensa del Polo Obrero apele la decisión. Este caso representa uno de los mayores escándalos de corrupción en la política social del país.
