Pablo Otero, conocido como el “Señor del Tabaco”, se encuentra en medio de una nueva tormenta judicial tras la denuncia formal presentada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) por presunto lavado de dinero. El caso, que involucra a la Tabacalera Sarandí, empresa liderada por Otero, fue radicado en el juzgado de María Servini, quien deberá decidir si inicia una nueva investigación sobre las presuntas irregularidades fiscales y financieras del empresario.
Según el informe de la División de Fiscalización Externa de Grandes Contribuyentes, la Tabacalera Sarandí habría canalizado más de $33.000 millones entre 2021 y 2023 a través de 23 distribuidores mayoristas, muchos de los cuales no contaban con respaldo fiscal ni operativo suficiente para manejar semejante volumen de negocios. Las marcas involucradas, como Red Point, West, Kiel y Master, habrían sido utilizadas para dar apariencia de legalidad al accionar de la empresa.
Los auditores detectaron que muchas de estas distribuidoras no tenían personal ni sede física, y que no realizaban pagos tributarios ni bancarizaban sus ingresos. Además, las facturas emitidas reflejaban precios similares a los de compra, lo que ARCA considera incompatible con una actividad económica legítima. Se sospecha que este esquema fue diseñado para infiltrar fondos del circuito informal al sistema legal.
Este nuevo escándalo se suma a los problemas legales previos de Otero, como su enfrentamiento con el pago del impuesto mínimo al tabaco durante el gobierno de Mauricio Macri, que le permitió competir a precios bajos. Además, el empresario enfrenta otra investigación en Mar del Plata por presunta falsificación de estampillas fiscales y la comercialización de cigarrillos con documentación apócrifa, un proceso que comenzó en 2019 bajo la órbita de la ex AFIP.
