La marcha de jubilados y barrabravas del miércoles pasado al Congreso dejó un importante precedente para el Gobierno de Javier Milei, que ahora se prepara para enfrentar una nueva manifestación la próxima semana. El evento anterior resultó en cientos de detenidos y personas gravemente heridas, entre ellas el fotógrafo Pablo Grillo, quien fue impactado en la cabeza por un cartucho de gas lacrimógeno y lucha por su vida. Ante este panorama, el Gobierno ha decidido reforzar la coordinación de fuerzas de seguridad para evitar mayores incidentes en futuras movilizaciones.
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, trabaja en un operativo especial en colaboración con el Gobierno de la Ciudad, tras haber recibido el viernes pasado al ministro de Seguridad porteño, Horacio Giménez, y al nuevo secretario del área, Maximiliano Piñeiro. Juntos, con la participación de Sergio Neiffert, jefe de la SIDE, y otros altos mandos de seguridad, están delineando estrategias para mejorar la coordinación operativa. La seguridad se centrará en vallados, distribución policial, y en un fuerte control de la movilización hacia la Plaza del Congreso.
Se implementará un comando unificado para gestionar la desconcentración y la seguridad de los manifestantes. A su vez, se planea usar balas de goma y gases lacrimógenos si es necesario, pero con un control más estricto sobre el tiempo de enfrentamientos. En paralelo, el presidente Javier Milei ha declarado que la seguridad será rigurosa, prometiendo consecuencias severas para quienes causen disturbios.
Por otro lado, el Gobierno ha denunciado penalmente a los barrabravas y militantes detenidos, acusándolos de asociación ilícita, sedición y atentado contra el orden constitucional. También solicitó que se declare incompetente a la jueza que liberó a los detenidos, reforzando su postura en la defensa del orden y la democracia.
