El Congreso de la Nación se prepara para recibir varios proyectos que conforman amplias reformas en diferentes áreas del Estado, entre ellas la reforma migratoria anunciada por el presidente Javier Milei. En su discurso inaugural ante la Asamblea Legislativa, el presidente expresó que “nuestra Nación ha sido generosa con los inmigrantes”, pero enfatizó que los extranjeros en situación transitoria o temporaria deberán pagar los servicios que utilicen, argumentando que no se puede permitir que Argentina se convierta en un “centro beneficiario pagado por el bolsillo de los argentinos”.
Este planteamiento ha generado un fuerte debate, con diversas opiniones dentro del Congreso. La reforma migratoria busca, entre otras medidas, autorizar a las universidades nacionales a cobrar aranceles a los estudiantes extranjeros no residentes, además de terminar con la atención médica gratuita en los hospitales públicos para aquellos que no sean residentes permanentes. Esta medida busca erradicar el llamado “tour sanitario”, que permite a extranjeros acceder a servicios de salud gratuitos.
Uno de los puntos más controversiales de la reforma es el endurecimiento de las condiciones de deportación para los extranjeros que delinquen. El Gobierno busca prevenir el ingreso de delincuentes y deportar a aquellos que no tengan una residencia estable en Argentina. En este contexto, el vocero presidencial, Manuel Adorni, había destacado que el régimen migratorio debe ser modificado para evitar que “malandras” o “ocupas” lleguen al país a hacer daño.
Por su parte, el diputado socialista Esteban Paulón manifestó su preocupación por el enfoque del Gobierno, asegurando que no existe una crisis migratoria en Argentina y que la actual ley de migraciones es una de las más modernas y abiertas del mundo. Según Paulón, la mayoría de los inmigrantes en Argentina trabajan, pagan impuestos y aportan al desarrollo del país, por lo que deberían gozar de los derechos establecidos por la Constitución.
El proyecto de reforma migratoria continuará siendo evaluado por los diputados y senadores, quienes aguardarán el ingreso formal del mismo desde el Poder Ejecutivo. Este tema promete seguir generando discusión en las próximas sesiones del Congreso, ya que se trata de una cuestión sensible que involucra tanto derechos humanos como políticas de seguridad y bienestar social.
