Desde noviembre de 2024, las críticas hacia la licitación de la Hidrovía, una vía navegable clave para el comercio exterior de Argentina, se han amontonado debido a diversas irregularidades percibidas en el proceso. La licitación, que tiene un valor estimado de más de 12.000 millones de dólares por un contrato de 30 años, ha generado controversia por el esquema de concesión privada propuesto, similar al de la anterior licitación de 1993. Uno de los puntos más cuestionados es el corto plazo otorgado para presentar ofertas: solo 55 días hábiles, en contraste con los 176 días de la licitación anterior, y que además coincidió con la feria judicial de enero.
Las empresas participantes han expresado su descontento, señalando posibles irregularidades en el pliego de condiciones. La dragadora belga DEME, la danesa Rhode Nielsen, y la brasileña DTA Engenharia han denunciado que los requisitos técnicos favorecen al actual operador, Jan De Nul, lo que comprometería la transparencia y la competencia del proceso. Asimismo, otras empresas, como la china Shanghai Dredging, también han solicitado la nulidad del proceso, citando la violación de principios fundamentales de igualdad y la falta de transparencia.
Además, los usuarios de la Hidrovía, incluidos puertos y exportadores, han solicitado modificaciones al pliego, destacando especialmente la excesiva duración del contrato y el impacto ambiental de la concesión. Legisladores y organizaciones como la Fundación Pensar y la Fundación Humedales han expresado sus preocupaciones sobre el futuro de la vía navegable, especialmente en relación con los efectos ecológicos y la sostenibilidad de las obras de dragado.
El proceso de licitación se enfrenta a múltiples desafíos legales y políticos, con pedidos de modificaciones en el pliego y la posibilidad de impugnaciones judiciales, lo que pone en duda la transparencia y efectividad de la nueva concesión. Sin duda, la Hidrovía sigue siendo un tema de debate clave para el futuro del comercio y el medio ambiente en la región.
