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Tras el fallo de Lijo, el kirchnerismo impulsa interpelación a Cúneo Libarona por recorte en DDHH

Tras el fallo de Lijo, el kirchnerismo impulsa la interpelación a Cúneo Libarona por los despidos en la Secretaría de Derechos Humanos y el recorte en DDHH.
dd.hh.

Desde la bancada de Unión por la Patria (UxP), el diputado Eduardo Toniolli ha presentado un pedido de interpelación al ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, en el que se exige información detallada sobre los despidos de trabajadores en la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia. Esta solicitud busca obtener explicaciones sobre el desmantelamiento de políticas clave en materia de derechos humanos, especialmente las relacionadas con los espacios de memoria de la última dictadura militar.

La interpelación surge después de un fallo favorable del juez Ariel Lijo, quien ordenó que se preserven los espacios de memoria, como el ex Centro de Detención y Tortura Olimpo, y se garantice el funcionamiento de los mismos con personal capacitado. Lijo también solicitó que se conserven los archivos y acervos generados hasta la fecha y que continúen las investigaciones y tareas pedagógicas en estos lugares.

Este fallo se dio a raíz de una denuncia penal presentada por la legisladora porteña Victoria Montenegro, quien señaló el vaciamiento de la Secretaría de Derechos Humanos bajo la gestión de Cúneo Libarona y el secretario Alberto Baños. Montenegro, hija de desaparecidos, destacó el desmantelamiento de políticas públicas de derechos humanos, poniendo en riesgo el trabajo histórico realizado en la recuperación de la memoria, la verdad y la justicia.

Toniolli, quien respalda la postura de Montenegro, destacó que las políticas de memoria, verdad y justicia están siendo “degradadas y vaciadas” mediante la reducción de personal en la Secretaría de Derechos Humanos. En solo unos meses, el número de empleados ha caído de 1050 a 540, y los despidos no han sido reemplazados, lo que afecta la continuidad de tareas esenciales en la memoria histórica.

El tratamiento del pedido de interpelación se dará en el Congreso, donde la oposición busca que los funcionarios rindan cuentas sobre el impacto de estas decisiones en los derechos humanos en el país.

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