La semana pasada, el Gobierno removió a Ignacio Yacobucci de su puesto como titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), en medio de versiones sobre un supuesto malestar de la Casa Rosada. Este descontento se originó debido a la decisión del organismo antilavado de convertirse en querellante en varias causas que investigan a exfuncionarios kirchneristas y al Polo Obrero. Durante su gestión en 2024, la UIF, bajo Yacobucci, reactivó querellas en causas de alto perfil, como las investigaciones sobre Hotesur y Los Sauces, donde se indaga a Cristina Kirchner por lavado de dinero, así como los Cuadernos de las Coimas y la posible indagatoria de Martín Insaurralde por presunto enriquecimiento ilícito.
Tras su salida, el Gobierno nombró a Paul Starc como nuevo titular de la UIF. A pesar de este cambio, el organismo confirmó que no abandonará las causas en las que ya se desempeña como querellante, particularmente aquellas que involucran a exfuncionarios kirchneristas. No obstante, a partir de ahora, la UIF no intervendrá como querellante en nuevos casos. Esta decisión responde a un enfoque más restrictivo, con el argumento de que los fiscales son los encargados de impulsar nuevas investigaciones, mientras que la UIF solo debe actuar en su rol de prevención del lavado de dinero.
Con esta medida, la Casa Rosada intenta distanciarse de las críticas sobre un supuesto pacto de impunidad con el kirchnerismo, aclarando que la decisión no está vinculada a la figura de Cristina Kirchner, sino a un enfoque institucional sobre el papel de la UIF. De esta manera, se busca evitar que el organismo sea percibido como una herramienta política, lo que había ocurrido durante la gestión anterior. En este contexto, se reforzó la idea de que el Ejecutivo no debe inmiscuirse en la labor de la Justicia.
Este giro en la política de la UIF marca un punto de diferenciación entre los mandatos de Mauricio Macri y Javier Milei, especialmente en lo relacionado con el uso de la UIF como querellante en causas de corrupción. Además, se suman críticas a la gestión de Yacobucci por su demora en la adecuación del país a las normas del GAFI, lo que generó tensiones dentro del Gobierno y acabó en su renuncia bajo presión.
