Durante su mandato al frente de la Iglesia, el papa Francisco implementó una reforma anticorrupción fundamental en el Instituto para las Obras de Religión (IOR), conocido como el Banco del Vaticano, que en su momento estaba vinculado a sospechas de corrupción y negocios espurios. Con el objetivo de transparentar las finanzas de la Santa Sede, el papa cerró cuentas sospechosas e impulsó auditorías para determinar cómo se gestionaban los fondos, la mayoría de los cuales provenían de las donaciones de los fieles de todo el mundo.
El IOR es responsable de administrar los fondos provenientes de las parroquias y obispados globales, así como de inversiones y propiedades inmobiliarias de la Iglesia. Sin embargo, a lo largo de los años, la falta de supervisión generó escándalos de corrupción. Al asumir el papado en 2013, Francisco se enfrentó a un sistema donde muchas cuentas no podían justificar el origen o destino de los fondos. En respuesta, ordenó una auditoría completa, clausurando más de 5000 cuentas sospechosas y estableciendo nuevos estándares de operación.
Bajo su liderazgo, también impulsó que todas las entidades vaticanas transfirieran sus fondos al IOR, eliminando manejos descentralizados. La reforma de transparencia también incluyó la fusión de organismos financieros para mejorar la supervisión. Como resultado, el impacto de esta reforma llevó a la condena de figuras clave como el cardenal Giovanni Angelo Becciu, quien fue condenado por mal manejo de los fondos del Vaticano.
Al final de 2023, el IOR gestionaba activos por €5400 millones, con 12.361 clientes y fondos bajo gestión que superaban los 2.9 mil millones de euros. Gracias a las auditorías externas y a la supervisión por la Autoridad de Supervisión e Información Financiera (ASIF), el banco del Vaticano logró un resultado neto de 30,6 millones de euros, consolidándose como una entidad más transparente y ética. Sin embargo, queda la duda de si su sucesor continuará con esta política de transparencia.
