El Gobierno Nacional anunció la eliminación total de los aranceles de importación de teléfonos celulares como parte de un decreto que se publicará en los próximos días. La medida fue confirmada este martes por el vocero presidencial Manuel Adorni en conferencia de prensa desde la Casa Rosada. Este cambio, que se implementará en dos fases, también incluye una reducción de los impuestos internos para los celulares importados y los producidos en Tierra del Fuego.
La primera fase de la medida, que entrará en vigor inmediatamente, reducirá el arancel del 16% al 8%. La segunda fase, prevista para el 15 de enero de 2026, eliminará por completo los aranceles, pasando al 0%. El objetivo del Gobierno es desregular mercados, fomentar la competencia y reducir el precio de los celulares en el mercado interno, donde los precios han aumentado por encima de la inflación en los últimos años.
Además de los celulares, el anuncio también incluye una reducción de aranceles para consolas de videojuegos como PlayStation y Xbox, pasando del 35% al 20%. Paralelamente, los impuestos internos sobre productos electrónicos como celulares, televisores y aires acondicionados serán reducidos del 19% al 9.5%, con una exoneración total para productos fabricados en Tierra del Fuego.
El Gobierno justifica estas decisiones debido a la diferencia de precios que existen entre Argentina y otros países, como Estados Unidos y Brasil, donde los dispositivos electrónicos son considerablemente más baratos. Se estima que, con la eliminación de los aranceles, los precios podrían reducirse hasta en un 30%, lo que mejorará el acceso a productos electrónicos en el país.
Este paquete de medidas también apunta a combatir el contrabando y el robo de celulares, fenómenos que se han incrementado debido a los altos precios internos. Adorni destacó que la eliminación de impuestos a las autopartes había tenido un efecto positivo en la reducción de delitos relacionados con los vehículos, lo que sugiere que esta nueva política también puede tener un impacto similar en la lucha contra el robo de dispositivos electrónicos.
Con esta reducción fiscal, el Gobierno busca aliviar el costo de los productos electrónicos para los consumidores y liberar la economía, siguiendo su compromiso de reducir la presión fiscal y consolidar el superávit de las cuentas públicas.
